Corea del Sur enfrenta una crisis institucional sin precedentes mientras el ex presidente suspendido Yoon Suk Yeol enfrenta una orden de arresto y una orden de arresto por cargos de insurrección y abuso de poder. Desde su residencia fortificada en Seúl, permanecerá protegido por su equipo de seguridad presidencial y cientos de simpatizantes mientras aumentan las tensiones políticas y sociales en todo el país.
En diciembre pasado, Yoon declaró brevemente la ley de marchas, lo que provocó una ola de indignación pública y marcó el comienzo de su causa política. La Asamblea Nacional votó a favor de su destitución después de que miembros de su propio partido de gobierno también lo abandonaran. Ahora, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur tiene la tarea de decidir si confirma este despido o lo reincorpora.
“Lucharé hasta el final”, dijo Yoon a través de un mensaje difundido por su abogado, insistiendo en que la declaración de ley marzol fue legítima y que los intentos de arrestarlo son “ilegales e inválidos”.
Citando preocupaciones de seguridad, Yoon indicó que no planea asistir a la primera audiencia formal de su jugo político, prevista para este martes. Esta decisión ha suscitado críticas tanto de sus oponentes políticos como de los investigadores que intentan ejecutar la orden de detención en su nombre.
El conflicto en torno a su residencia fortificada
Desde que fue suspendido de sus poderes presidenciales, Yoon se ha refugiado en su residencia de Seúl, donde su equipo de seguridad presidencial (PSS) ha reforzado sus medios de protección con alambres de puas, vehículos bloqueando las entradas y un «muro humano» de entrenamiento para miembros de seguridad y simpatizantes.
El intento más reciente de arrestarlo se produjo a principios de este año, cuando investigadores anticorrupción intentaron infiltrarse en su residencia, lo que resultó en un enfrentamiento de varias horas entre las fuerzas de seguridad y los agentes encargados de hacer cumplir la ley. La operación fue cancelada por temor a la seguridad de las víctimas, pero la orden de arresto sigue vigente y se espera un nuevo intento en los próximos días.
“Es prácticamente imposible ejecutar una orden judicial en la residencia de Yoon mientras el equipo de seguridad continúa protegiéndolo”, informó la Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango (CIO).
El COI solicitó la cooperación del Ministerio de Defensa y del equipo de seguridad presidencial para garantizar que los soldados desaparecidos de la residencia no obstaculicen los esfuerzos para arrestar a Yoon. Además, les advierto que cualquier intromisión podría dar lugar a sanciones penales.
Los cargos contra Yoon y la investigación en curso
Se ha enfrentado a múltiples investigaciones penales, incluida una por insurrección, un delito grave que podría haber dado lugar a un procesamiento perpetuo o incluso a la pena de muerte en Corea del Sur. Aunque ha suspendido sus funciones, Yoon conserva la inmunidad presidencial ante la mayoría de los cargos, salvo. aquellos vinculados a la tradición o la insurrección.
Además de los cargos contra Yoon, la investigación también se extendió a figuras clave involucradas en la declaración de la Ley de Marcha, incluidos comandantes militares y el ministro de Defensa. Sin embargo, Yoon negó haber cooperado con las citaciones emitidas por los fiscales, intensificando el conflicto entre las autoridades y su equipo de defensa.
El papel crucial del Tribunal Constitucional
El futuro político de Yoon depende ahora del Tribunal Constitucional, que deberá decidir si confirma el voto de destitución realizado por la Asamblea Nacional o restituye al expresidente en su cargo. El tribunal tiene programadas cinco sesiones de audiencias orales que se extenderán hasta el 4 de febrero. Si Yoon no se reúne con la primera audiencia, prevista para este martes, el juicio continuará sin su presencia.
El tribunal tiene hasta 180 días para declararse en quiebra, pero ha prometido dar prioridad al caso debido a su relevancia para la estabilidad política del país. Sin embargo, el proceso encuentra un obstáculo adicional: actualmente, el tribunal de nuevos miembros cuenta con sólo ocho jueces debido a vacantes no llenadas, lo que podría complicar el proceso de toma de decisiones. Según la Constitución de Corea del Sur, al menos seis jueces deben solicitar la destitución para que sea válida.
Si el tribunal confirma la esencia política, Yoon se convertirá en presidente con el mandato más corto en la historia democrática de Corea del Sur, y el país tendrá que celebrar elecciones presidenciales en 60 días.
Protestas y divisiones en la sociedad coreana
El caso de Yoon ha polarizado a la sociedad surcoreana, con manifestantes tanto a favor como en contra del expresidente regresando a las calles a pesar de las bajas temperaturas invernales. Sus partidarios, entre ellos su alcalde conservador, han organizado una búsqueda en los alrededores de su residencia, mientras sus detractores exigen su detención inmediata y su responsabilidad por los abusos de poder cometidos durante su mandato.
Las tensiones también se han intensificado en la esfera política. La destitución de Yoon se produjo tras la salida del Primer Ministro Han Duck-soo, quien también fue destituido de su cargo por el Parlamento. Actualmente, el ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, actúa como presidente nacional mientras el país espera la resolución del Tribunal Constitucional.
Un futuro incierto para Yoon y la estabilidad de Corea del Sur
La crisis política en Corea del Sur ha salido a la luz no sólo para el futuro de Yoon Suk Yeol, sino también para la estabilidad institucional del país. Mientras avanzan el proceso de destitución y las investigaciones penales, la disolución sigue enredada, con múltiples factores legales, políticos y sociales en juego.
El caso de Yoon es la complejidad de jugar con líderes en el cargo acusados de delitos graves y plantea aliviar las tensiones inherentes a un sistema democrático que busca equilibrar la justicia con la estabilidad política. Mientras el Tribunal Constitucional se prepara para dictaminar, Corea del Sur enfrenta la posibilidad de un cambio significativo en su política y un nuevo capítulo en su historia democrática.