Un proyecto de ley que ha sido catalogado como de los más agresivos de todo el país para combatir la inmigración ilegal Siguió avanzando en el Congreso de Florida, con solo intercambios sustanciales que han suavizado algunos de sus aspectos más polémicos.
El viernes de la semana pasada el proyecto, impulado por los republicanos y el gobernador Ron DeSantis, fue aprobado por el Senado estatal e inició su trámite en la Cámara donde se espera que reciba la luz verde.
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De ser así, el proyecto pasaría al escritorio de DeSantis antes de que finalice el mes y la ley entraría en vigor desde julio del presente año.
Sin embargo en el borrador que se sucedió el viernes y que ahora hace su curso en la Cámara desapareció o fueron ajustadas tres de las disposiciones que generaron más críticas entre demócratas, grupos pro inmigrantes e iglesias.
Inicialmente, el proyecto elevaba cargas criminales, con penas de hasta 5 años de prisión, a cualquier persona que transporte o diera albergue a un ilegal en el estado. Bajo esa redacción, desde familiares legales hasta sacerdotes, monjas, activistas y arrendadores de vivienda enfrentaban la posibilidad de ir a prisión por ayudar consciente o inconscientemente a un ilegal.
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Inicialmente, el proyecto elevaba cargas criminales, con sanciones hasta 5 años de cárcel, a cualquier persona que transportara o diera albergue a un ilegal en el estado.
En el nuevo texto, solo se castiga a personas que transportan a ilegales a la Florida pero desde otro estado pero sin hacer mención de su movilización dentro del estado o por brindarles refugio o un lugar donde vivir.
Otras disposiciones originales, impulsadas por DeSantis, requerían que todos los empleados privados utilizaran el programa E-Verify para establecer si una persona tenía permiso para trabajar y obtuvo fuertes sanciones para los infractores.
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El programa siempre ha sido cuestionado por los patrones Pues es probable que haya errores y muy oneroso de aplicar. Pero, sobre todo, porque muchos en la práctica -especialmente en los sectores de hotelería y turismo, agricultura, jardinería, y construcción, depende de una mano de obra que está compuesta por ilegales.

Le project de ley presentado por los republicanos busca aplicar las propuestas antiinmigrantes de DeSantis.
Esto nos va sucio muy caro por que muchos ilegales
no van a acudir a los hospitales para servicios preventivos por miedo
a ser informados
Del acuerdo con datos del Instituto de Políticas Migratorias en Florida hay 800.000 inmigrantes ilegales. De ellos el 20 por ciento son colombianos o venezolanos.
En la nueva versión, el requisito es solo para empresas que tengan más de 25 empleados.
como mismo, otras de las medidas impedía ofrecer a los ilegales los precios reducidos en las matrículas universitarias a que tienen derechos los residentes del estado. Algo que afectó directamente a los llamados «dreamers» o ilegales que fueron traídos a EE.UU. siendo niños y desde entonces no conocemos otro país.
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En la versión aprobada por el Senado no se menciona la prohibición.
en gran medidalos tres cambios fueron el resultado de un gran esfuerzo de lobby tanto del sector empresarial -que necesita empleados-como de grupos religiosos y de derechos humanos que ofrecen servicios a esta población.
«Era una legislación terrible e inhumana. Puedo sentir la frustración qu’existe ante un sistema migratorio que no funciona. Lo que no es justo es descargar eso contra los inmigrantes», por el Arzobispo de Miami Thomas Wenski.

De acuerdo con datos del Instituto de Política Migratoria en Florida viven al menos 800,000 ilegales. De ellos el 20 por ciento son colombianos o venezolanos.
¿Cómo vamos a frenar esta crisis si muchos estados le ofrecen a los trabajos ilegales, educación gratuita, servicios médicos y hasta licencias de educación?
Un esfuerzo que se cimenta en votospues tanto las iglesias como los empresarios tienen mucho poder en un estado que se considera vital para los interesados en el partido republicano.
Y lo mismo puede decirse del poder de la comunidad de inmigrantes pues una cuarta parte de la población de la Florida tiene este origen y pesa a la hora de definir ganadores y perdedores en los comicios.
Aún así el proyecto contiene duras medidas que siguen siendo cuestionadas por sus detractores para los que se trata de una iniciativa «draconiana» que volverá a la Florida un estado policial.
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Además de perseguir a los que transportan a ilegales -nadie sabe en la práctica cómo un policía va a determinar quién está entrando a ilegales desde otro estado- y el requerimiento de E-Verify para empresas con más de 25 trabajadores, hay otras medidas polémicas.

De acuerdo con el senador Blaise Ingoglia, uno de los autres de proyecto, lo que se busca no es perseguir a los inmigrantes legales ni volver a la Florida un estado inhospito
Guillermo Arias. AFP
Como, por ejemplo, el proyecto invalida las licencias de conducir emitidas a inmigrantes indocumentados por otros estados, exigir a los hospitales compilar y compartir información sobre el estado migratorio de todos los pacientes, impide a los gobiernos locales emitir dicho tipo de identificación a quien no pueda demostrar su estatus legal eliminando una disposición anterior Aprobada por el también ex gobernador republicano de Florida, Rick Scott, que dio acceso al Colegio de Abogados de Florida (el Bar) tiene indocumentados graduados de las facultades de derecho en el estado.
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«Esto nos va a salir muy caro por que muchos ilegales no van a acudir a los hospitales para servicios preventivos por miedo a ser informados y, cuando lo hagan ya será cuando están muy enfermos. Provocará una crisis en la salud«, según la senadora demócrata Lori Berman al comentar uno de los aspectos que más le preocupan de la ley.
pero de acuerdo con el senador Blaise Ingoglia, uno de los diseñadores del proyecto, lo que se busca no es perseguir a los inmigrantes legales ni volver a la Florida un estado inhospito, sin desestimular la inmigración ilegal tanto al estado como al país.
«¿Cómo vamos a frenar esta crisis si muchos estados le ofrecen a los trabajos ilegales, educación gratuita, servicios médicos y hasta licencias de educación? ¿Dónde está el incentivo en eso para que vengan pero de manera legal?«, Afirmó Ingoglia al defensor de su iniciativa.
SERGIO GÓMEZ MASERÍ
WASHINGTON
Corresponsal de EL TIEMPO

