Durante el cierre del Gobierno federal de EE.UU., miles de trabajadores se enfrentan a la incertidumbre sobre sus ingresos, mientras otros siguen cobrando sin interrupción.
En periodos de cambios políticos y económicos, la clausura provisional de las agencias federales representa un reto considerable para una gran cantidad de trabajadores del sector público. Mientras que ciertos individuos percibirán su remuneración puntualmente, otros enfrentarán una coyuntura más complicada. Seguidamente, analizaremos quiénes tienen derecho a recibir su salario y quiénes no en estas eventualidades, con el fin de esclarecer una cuestión que impacta tanto a los hogares como al panorama económico global.
¿Qué personas continúan recibiendo su pago durante el período de cierre?
Los trabajadores considerados “esenciales” o “exentos” continúan prestando servicios durante un cierre del Gobierno federal y, por lo tanto, siguen recibiendo sus pagos. Estas personas trabajan en áreas críticas como seguridad nacional, salud pública, control de desastres, gestión de fronteras y otras funciones que no pueden interrumpirse sin riesgo para la sociedad. Por ejemplo, agentes de la patrulla fronteriza, empleados de hospitales militares y personal de monitoreo de pandemias entran en esta categoría. Su labor se considera indispensable y se les exige presentarse incluso cuando no hay presupuesto aprobado para su agencia.
Además, los contratistas federales que prestan servicios esenciales pueden también estar en la lista de quienes siguen cobrando, siempre que su trabajo esté incluido en el contrato bajo condiciones de emergencia o continuidad operativa. En estos casos se garantiza el pago inmediato, sin esperar a que se restablezca el presupuesto.
¿Qué sucede con los empleados “no esenciales”?
Los empleados federales cuyas responsabilidades no son críticas, conocidos como “no esenciales” o “no exentos”, a diferencia de aquellos considerados fundamentales, pueden ser suspendidos temporalmente (furloughed) si ocurre un cierre. Bajo esta circunstancia, sus ingresos se interrumpen hasta que la financiación de su entidad sea restaurada. Por ejemplo, el personal de áreas administrativas que no interactúa directamente con situaciones de emergencia o servicios vitales, generalmente se encuentra en esta posición.
Mientras se encuentran en un estado de suspensión, estos empleados no llevan a cabo sus funciones laborales, si bien en muchos casos siguen siendo considerados «empleados» desde una perspectiva legal. No perciben remuneración por las horas no trabajadas, y la reactivación de su sueldo está condicionada a que el Congreso apruebe nuevamente los fondos. En ocasiones se han dado autorizaciones salariales con carácter retroactivo, pero esto no es una garantía ni ocurre de forma automática.
¿Y los contratistas no esenciales?
Los contratistas que no ofrecen servicios esenciales enfrentan una mayor vulnerabilidad. Si la agencia federal para la que trabajan no está recibiendo presupuesto, el contrato puede paralizarse. Aunque hay mecanismos que permiten que algunos reciban pago retroactivo una vez que se restablezca el financiamiento, el cobro inmediato no está asegurado. Por tanto, su situación es más incierta que la de los empleados federales directos designados como “esenciales”.
Impactos económicos y personales del cierre
Un cierre gubernamental no solo paraliza las actividades de algunas dependencias, sino que además provoca efectos directos en las familias de los empleados, en las localidades que reciben los servicios y en la economía del país. Los trabajadores que mantienen su remuneración sin interrupciones disfrutan de estabilidad económica. No obstante, para quienes se encuentran suspendidos, la ausencia de ingresos puede ocasionar dificultades para afrontar hipotecas, cuotas de vehículos, gastos educativos o de salud.
Las empresas que dependen del gasto federal —por ejemplo, en zonas donde el Gobierno es un empleador importante— también sufren al disminuir drásticamente el poder adquisitivo de los trabajadores suspendidos. Esto puede generar una cadena de efectos: menos consumo, menor actividad comercial, retrasos en proyectos claves, y un impacto macroeconómico que puede crecer si el cierre se prolonga.
Consideraciones adicionales y como prepararse
Ante la posibilidad de un cierre, empleados, contratistas y familias pueden anticipar ciertos pasos para mitigar su impacto. Mantener un fondo de emergencia con al menos tres a seis meses de gastos puede marcar la diferencia. Revisar los contratos de servicio para saber si el trabajo está clasificado como esencial puede aportar claridad sobre la continuidad del pago. Asimismo, estar atento a las decisiones del Congreso y del Ejecutivo sobre financiación es clave para evaluar las posibilidades de una reanudación rápida del pago o de un alivio retroactivo.