El Comité de Apropiaciones del Senado de Estados Unidos ocurrió este jueves una partida de 487 millones de dólares para entregar a Colombia colgante el año fiscal 2024que comienza en octubre de este año.
(En contexto: Comité del Congreso de Estados Unidos propone diferir la ayuda a Colombia)
La partida es similar a la que autorizó el Congreso para este año 2023 (en curso) y unos 20 millones de dólares por encima de lo que ha habiado el presidente Joe Biden a comienzos de año.
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La decisión del Senado, controlada por el partido demócrata, provocará un choque de tres con la Cámara de Representantes donde ya también se encontró el presupuesto para las operaciones en el exterior (solo falta la plenaria), pero de momento este proyecto no incluye fondos para Colombia.Los republicanos en esta Cámara han optado por diferir la ayuda debido a los temores que les genera a el gobierno del presidente Gustavo Petro.
«De los fondos asignados por esta Ley bajo los títulos III y IV, 487.375.000 millones de dólares deben estar disponibles para asistencia a Colombia», dice el proyecto obtenido por este diario.
El proyecto aprobado para el Senado es estable que por lo menos se invertirán 40 millones de dólares en seguridad regional de municipios con altos niveles de actividades ilícitas donde también se dará prioridad a programas de desarrollo económico.
Como en versiones anteriores de la ayuda estadounidense, esta viene con condicionamientos.
Por un lado, el ingreso de un 20 por ciento de la ayuda destinada a combatir las drogas (casi la mitad de los recursos solicitados) dependerá de una certificación del Secretario de Estado en la que confirme que el país se ha visto comprometido en la lucha contra los estupefacientes.
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Gustavo Petro y Joe Biden.
Un 20 por ciento sólo podrá ser entregado cuando el Secretario de Estado certifique que Colombia está implementando una estrategia para reducir (…) el cultivo de coca y producción de cocaína
«Un 20 por ciento sólo podrá ser entregado cuando el Secretario de Estado certifique que el Gobierno de Colombia está implementando una capa eficaz de todo el gobierno para reducir de manera sustancial y los niveles de cultivo de coca y producción de cocaína en Colombia, incluidos programas y actividades que apo yan la erradicación de cultivos ilícitos, el desarrollo alternativo, la interdicción de drogas, el desmantelamiento del tráfico de drogas y la red de lavado de dinero”, del proyecto, que ahora pasará a la plenaria.
Dada la decisión del presidente Gustavo Petro de no erradicar los cultivos de coca de campesinos, esta condición podría ser difícil de cumplir.
L’entrega de otro 5 por ciento estará condicionado a que Colombia «está llevando ante la justicia a los miembros de la policía que ordenaron, dirigieron y usaron fuerza excesiva y participaron en otros actos ilegales contra manifestantes en 2020 y 2021, y que la policía este cooperando plenamente con tales esfu erzos».
A 20 por ciento de los fondos dirigidos a las Fuerzas Armadas surgieron también de una certificación en la que la Jurisdicción Especial para la Paz y demás autoridades judiciales están condenando a los autores de graves violaciones de los derechos humanos, incluidos los que tienen responsabilidad de mando, a penas privativas de libertad.
Así mismo que se están logrando avances en la reducción de amenazas y ataques contra los defensores de los DD. S.S. y otros activistas de la sociedad civil, y las autoridades judiciales están procesando y castigando a las personas encargadas de ordenar y llevar a cabo tales ataques, entre otras cosas.
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Así mismo, que esté protegiendo a las comunidades afrocolombianas e indígenas y que los altos mandos militares y unidades presuntamente responsables de ordenar, cometer o encubrir casos de falsos positivos y otras ejecuciones extrajudicialesque hayan ocurrido otras violaciones flagrantes de los derechos humanos o realizadas interceptaciones ilegales, estén siendo procesadas por lo justicia.
El texto del proyecto aclara que ninguno de los fondos apropiados podrá ser usado para el pago de reparaciones a las víctimas del conflicto o indemnizaciones a desmovilizados por el proceso de paz.
SERGIO GÓMEZ MASERÍ
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En Twitter @sergom68