Los analisis sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 que radicó el lunes el gobierno Petro y que estará en discusión hasta el próximo 7 de mayo no se han hecho esperar.

El documento, que consta de 166 páginas con 300 artículos y una base de 321 páginas, plantó importantes áreas frente a donde se sostiene en diferentes sectores.

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Algunos de ellos ya se han venido anunciando, como es el caso del manejo de recursos de la salud, asunto en el que se relega a las EPS en el proyecto de reforma del sector que está desarrollando, o los cambios en la estructura de la Política .

Otros, en cambio, han causado sorpresa. Entre ellos resalta la creación de un registro universal de ingresos que pondría a declarar renta a todas las personas, aunque esto no quiere decir que todos van a tributar.

También hay preguntas sobre el avalúo catastral de todos los inmuebles del país, que se ajustará en el 2023, y las inquietudes sobre las facultades extraordinarias que tendrá el Presidente por un período de seis meses.

Asimismo, la hoja de ruta del cuatrienio marcó la creación de una nueva comisión de la verdad. Y en materia ambiental, el Gobierno suscribiría con familias campesinas concesiones por 30 años renovables para la administración de las reservas forestales. Incluso, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López tildó como «insólito» que el Ejecutivo no incluyera al metro de Bogotá como proyecto estratégico.

EL TIEMPO recopiló algunos de los temas más desafiantes y que suponen un revólver en distintos ámbitos.

Una nueva comisión de la verdad y cambios en la estructura de la Policía Nacional

En materia de justicia, el articulado del Plan de Desarrollo propone crear un “mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica”, con funciones que serían similares a las que tuvo la Comisión de la Verdad creada en el acuerdo de paz con Las Extintas Farc.

También disponible una nueva arquitectura de la Policia para su traslado del Ministerio de Defensa para que esté en manos de un organismo civil y le da facultades al presidente Gustavo Petro por seis meses para regular las condiciones especiales de reclusión de los miembros de pueblos y comunidades indígenas de acuerdo con el texto protocolizado en una consulta previa.

Las facultades extraordinarias también están dispuestas para que el Presidente regule “los usos alternativos de la planta de coca y cannabis”, así como la definición de los finos medicinales, terapéuticos y científicos de las sustancias psicoactivas.

El plan busca crear una instancia de articulación entre el Gobierno y la Jurisdicción Especial para la Paz para facilitar el cumplimiento de las sanciones que esta disponen y crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en contexto y en razón del conflicto, incluyendo a las víctimas de desaparición forzada.

Acciones especiales de titulación de tierras y formulación de nueva política antidrogas

En línea con el manifiesto del presidente Gustavo Petro desde que inició su mandato, el Plan incluye en su artículo 154 la adopción de una «nueva política nacional de drogas», con una proyección de diez años y una regulación «justa y responsable».

No menciona nada de los cambios sobre los mecanismos de extradición.
Por otro lado, en el parágrafo 3 del artículo 42 establece impulsar una «acción especial de titulación de la posesión» para quien, siendo sujeto de ordenamiento social de la propiedad rural, «posea de manera material, pública, pacífica e
ininterrumpida, Durante tres años, un edificio rural de propiedad privada”.

Aclara que eso no procederá en casos en los cuales se presente despojo por el conflicto armado, salvo que se a favor de la víctima reclamante de restitución de gradas. El documento, asimismo, propone una «mejora» para las compras del Estado.

Para esto señala que las entidades «podrán contratar de manera directa mediante esquema o modalidad de Asociaciones Público-Populares con unidades de la economía popular, organizaciones de acción comunal, social o comunitaria u otras de organización social, grupos y comunidades étnicas».

El Gobierno de Gustavo Petro fue en el Congreso de la República el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Foto :

César Melgarejo/El Tiempo

Creación del Registro Universal de Ingresos

En el Plan propone que todas las personas, independientemente de sus ingresos, declaren renta (que no significa pagar). Esta información permitirá crear «el Registro Universal de Ingresos (RUI)administrado por el Departamento Nacional de Planeación, con el propósito de determinar la focalización de los subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social”, según el artículo 55.

En el lado económico, también está el artículo 53 que creó la transferencia en especie Hambre Cero, el cual «consiste en la entrega de recursos en especie para garantizar el derecho humano a la alimentación de la población en situación de pobreza y pobreza extrema».

En minería, a lo largo del artículo 186, el Gobierno buscará prohibir «el desarrollo de nuevos proyectos para la extracción de carbón térmico a cielo abierto clasificados como de gran escala», con el fin de avanzar en la trayectoria de descarbonización de los sectores.

El Hospital San Juan de Dios y ‘Basura Cero’ vuelven a la mesa por cuenta del PND

Uno de los puntos del PND del presidente Petro es el artículo 298, mediante el cual se le otorgan facultades extraordinarias colgantes seis meses para poner en marcha políticas públicas, entre ellas, una orientada a la recuperación del Hospital San Juan de Dios.

Si bien el documento no detalla cuál es el plan del Presidente para el centro hospitalario, su idea es evitar que la torre central se demolida –el Plan de Manejo vigente da vía libre para que sea derrumbada– y lograr recuperar todas las dependencias del hospital. Así las cosas, el Gobierno busca “aquirir a título gratuito u oneroso la infraestructura de San Juan de Dios » y además «crear la entidad pública (…) que la utilice para la prestación de servicios de salud».

Otra vida anhelo que está dentro del Plan, es la creación del programa ‘Basura Cero’, el cual pretendó aplicar en Bogotá en su mandato y cuyo objetivo, según Petro, es remunerar a los recicladores, disminuir las tarifas de aseo y reducir el entierro un cielo abierto de residuos sólidos.

Finalmente, no se incluye ninguna mención a las dos líneas del Metro, situación que generó críticas por parte de la alcaldesa Claudia López (ver página 1.10), a las que el Gobierno respondió diciendo que no estaban en el documento porque “están financiadas con vigencias futuro».

Eliminar una EPS como encargados de pagar a los hospitales y los roles asumidos por el Ejecutivo

En el sector salud, el Plan abordó temas que, según ha conocido, estarían incluidos en la iniciativa de reforma de la salud que actumente se está desarrollando.
En el artículo 125, el Gobierno señala que «la Administrador de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES)en número de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y demás Entidades Obligadas a Compensar, realizaron el giro directo de los recursos de las Unidades de Pago por Capitación (UPC) de los regímenes contributivo y subsidiado”.

Es decir, el Gobierno dejaría de girar a las EPS para que estas paguen a los hospitales, y en cambio empezaría a cumplir directamente la función de pagar a los hospitales.

Dicho artículo ha sido crítico porque, según los expertos, sería el inicio para eliminar las EPS.

Al respecto, la exministra de Salud Beatriz Londoño, dijo que el artículo es viable de estar en el PND y que era algo que ya había propuesto en gobiernos anteriores. Sin embargo, se cuestionó la capacidad del Estado para asumir dicho rol. “En ningún momento este artículo está diciendo que Adres va a ser el pagador o va a auditar, sino que se va a ampliar su papel como la entidad encargada de girar. Hay que tener en cuenta if Adres es capaz de cumplir esa función”, enfatizó a Londoño.