El Gobierno de El Salvador trasladó la madrugada de este viernes a 2.000 supuestos pandilleros a un nuevo penal que tiene capacidad para 40.000 personas, según informó el presidente Nayib Bukele.
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“Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)”, publicó el mandatario en sus redes sociales.
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Agregado: «Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacer más daño a la población».
A pesar de que el Gobierno no avisó sobre los traslados, decenas de familiares se trasladaron al penal La Esperanza, conocido como Mariona, en San Salvador. Según avisó EFE, en este lugar se concentrarán 150 personas y la recogida de varios autobuses de la zona.
El Gobierno de El Salvador llevó a 2,000 supuestos pandilleros a una nueva prisión que tiene capacidad para unas 40,000 personas, según informó el presidente Nayib Bukele
FE/Gobierno De El Salvador
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Bukele inauguró el CECOT a finales de enero y el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo al mandatario que esta «se constituiría en la cárcel más grande de toda América» y que «sería imposible que salga un reo» del recinto, que alberga 23 hectáreas de construcción.
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La construcción de esta prisión se dio entre críticas de la oposición que ha señalado falta de transparencia, principalmente para la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitió saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.
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A principios de febrero, Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por esta nueva prisión en El Salvador, y manifestó su «profunda preocupación», dado que «la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos» .
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De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción, aprobado en marzo pasado tras una escalada de asesinatos, se ha detenido a más de 64,000 personas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3.300.
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recibieron más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
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Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57% menos que en 2021.
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