La Unión Europea ha logrado, después de varios años de intensas negociaciones, cerrar el pacto migratorio, uno de los proyectos que más tensión han generado en el bloque comunitario desde el pico de llegadas a la UE registrado en 2015. Se trata de un paquete de reglamentos que trazan una nueva arquitectura de gestión de las llegadas de migrantes. Este miércoles, tras días de duras negociaciones a dos bandas entre el Consejo de la UE —bajo la batuta de España, que ocupa la presidencia hasta el 31 de diciembre— y el Parlamento Europeo con la asistencia de la Comisión Europea, los responsables políticos comunitarios han alumbrado un nuevo texto legal que endurece los requisitos de acogida de los solicitantes de asilo y establece que una parte de los peticionarios de esa protección que recalan en la UE sea asumida por todos los países comunitarios.

Francia, que en los últimos días había planteado algunas reticencias a puntos generales del pacto, ha terminado por hacer a un lado las salvedades sobre un asunto, la gestión de los flujos migratorios, que le está causando graves problemas políticos internos y que será, sin duda, un tema predominante en las elecciones europeas del 6 de junio, para las que los sondeos muestran una subida de las fuerzas de ultraderecha en todo el ámbito de la UE.

El nuevo pacto, que regula todos los pasos de la cadena, desde la llegada del solicitante de asilo a territorio comunitario hasta su acogida o rechazo, y que busca sustituir y endurecer la legislación actual, llevaba años encallado. La Comisión Europea presentó su propuesta normativa en 2020. Pero solo en junio, el Consejo de la UE pudo cerrar una posición común sobre uno de los asuntos más controvertidos, las cuotas obligatorias de solicitantes de asilo a repartir entre todos los socios y que está regulada en dos reglamentos. En octubre, los Veintisiete cerraron su postura sobre el quinto y último de los reglamentos ―el de situaciones de crisis e instrumentalización― para dar paso así a la negociación entre los dos colegisladores de la UE para fijar un texto legal definitivo.

El pacto migratorio está compuesto por cinco reglamentos: el de control y procesamiento de los datos de los migrantes, el control de las fronteras exteriores, la tutela judicial y los recursos necesarios, la administración de las crisis y la gestión y atención de los solicitantes de asilo. Este último es capital porque en la regulación actual, esto le corresponde a los países en los que se produce la primera entrada del migrante en la UE, lo que pone en primera línea a países como España, Italia o Grecia.

Esa regulación establece ese concepto de “solidaridad obligatoria pero flexible” y marca que habrá cuotas de redistribución de demandantes de asilo o el pago de 20.000 euros por persona a la cesta común en caso de que un Estado rechace hacerse cargo de la parte que le toca. Los socios también podrán contribuir con medios materiales o asumiendo la gestión de personas que ya están en su territorio aunque entraron por otro lugar y su gestión correspondería a otro; uno de los reclamos de países como Alemania o Países Bajos, que suelen ser el destino de una parte importante de los peticionarios de asilo que se trasladan por la UE en los llamados “movimientos secundarios” que marcan el pacto.

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