La Defensora del Pueblo Europeo pide cambios en las normas de salvamento de la UE tras el naufragio del ‘Adriana’ | Internacional

La muerte en junio de 2023 de más de 600 personas en el naufragio ante la costa griega del barco Adriana, un viejo pesquero sobrecargado de migrantes que trataban de llegar a Europa, ha puesto de relieve que Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, es “demasiado dependiente” de los Estados. Algo que hace que, en ocasiones como con la tragedia en Grecia, sea “incapaz de cumplir sus obligaciones en materia de derechos fundamentales”, advierte en un informe la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, que pide un cambio en las normas europeas de salvamento y reclama una comisión independiente para investigar por qué mueren tantos migrantes en el Mediterráneo. Al menos 29.000 personas han muerto o desaparecido en este mar en la última década, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

“No es improbable que se repita una tragedia como la del Adriana, a menos que se produzcan cambios significativos en el marco legal y operativo para responder a emergencias marítimas”, alerta la defensora en las conclusiones de la investigación que abrió en julio del año pasado sobre el naufragio en el mar Jónico, al sur de Grecia, uno de los más graves en el Mediterráneo en lo que va de siglo. “Frontex incluye ‘guardia costera’ en su nombre, pero su actual mandato y misión claramente no están a la altura de ello”, critica O’Reilly.

Como reveló una investigación conjunta de EL PAÍS con Lighthouse Reports, Reporters United, Monitor, SIRAJ y Der Spiegel, la resistencia de las autoridades griegas a activar una operación de rescate es probablemente uno de los factores responsables de la magnitud de la tragedia: la Guardia Costera griega solo activó el auxilio del pesquero más de 14 horas después de que los centros de coordinación marítima de Grecia e Italia lo localizasen navegando en condiciones precarias, y cuando ya estaba hundiéndose. Según corrobora la documentación del naufragio recopilada por la Defensora europea, Frontex llegó en ese tiempo a hacer hasta cuatro ofertas de asistencia a las autoridades de rescate griegas, pero “no recibió respuesta alguna”. Sí respondió a la oferta de desplegar un dron, pero fue dirigido hacia otro barco, frente a la isla de Creta, en el que “80 personas estaban en peligro inmediato”. Cuando regresó a la zona, el Adriana ya se había hundido.

“Si Frontex tiene la obligación de ayudar a salvar vidas en el mar, pero le faltan las herramientas para ello, entonces es claramente una cuestión para los legisladores europeos”, insiste O’Reilly. Para la defensora, existe una “tensión obvia” entre las obligaciones en materia de derechos fundamentales de Frontex y su deber de apoyar a los Estados miembros en el control de fronteras. Por ello, en su opinión, en los casos en que la agencia llegue a la conclusión de que las autoridades nacionales están “incumpliendo persistentemente” sus obligaciones en materia de salvamento, “debería considerar si llega al punto que le permita concluir, retirar o suspender sus actividades con el Estado miembro en cuestión”.

En su informe final, publicado este miércoles, la responsable la oficina independiente que vela por que las instituciones europeas rindan cuentas también mira críticamente a la UE: le recrimina la falta de un mecanismo independiente de rendición de cuentas a nivel europeo que pueda investigar el papel de las autoridades griegas, que han negado cualquier responsabilidad, así como el de Frontex y el de la propia Comisión Europea, que deben velar por el cumplimiento de los principios de derechos fundamentales bajo los tratados europeos.

“No se han realizado cambios”

“Casi ocho meses después del incidente del Adriana, no se han realizado cambios para evitar que un caso así se vuelva a producir”, critica O’Reilly, que reclama al Consejo, Parlamento y Comisión Europea la creación de una “comisión de investigación” independiente que “evalúe las razones por las que se producen tan altas cifras de muertes en el Mediterráneo, aprenda las lecciones de incidentes como el naufragio del Adriana y que haga recomendaciones sobre cómo proteger derechos fundamentales y el derecho a la vida en la respuesta a emergencias marítimas”.

“Debemos preguntarnos por qué un barco tan obviamente necesitado de ayuda nunca la recibió, pese a que una agencia de la UE, las autoridades de dos Estados miembros, la sociedad civil y barcos privados sabían de su existencia”, subraya O’Reilly. La defensora dice no comprender hasta hoy “cómo los informes sobre el hacinamiento [del barco], la aparente falta de chalecos salvavidas, los niños a bordo y las posibles muertes no lograron activar los esfuerzos de rescate a tiempo, que podrían haber salvado centenares de vidas”.

Una portavoz de la Comisión Europea ha asegurado este miércoles que Bruselas “toma nota” de las conclusiones de la Defensora del Pueblo y que analizará y contestará el informe, aunque ha recordado que el marco legal de las operaciones de búsqueda y rescate marítimos son “competencia de los Estados miembros”. A la vez, ha asegurado que Bruselas espera conocer cuanto antes los resultados de la investigación de las autoridades griegas.

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