Desentrañando «pérdidas y daños» climáticos

¿Cómo incide el cambio climático en las políticas agrarias de Extremadura?

Pérdidas y daños representa un elemento central en las negociaciones climáticas internacionales y se refiere a las consecuencias negativas del cambio climático que ya no pueden evitarse mediante acciones de mitigación ni resolverse por completo con medidas de adaptación. Incluye tanto perjuicios económicos, como daños en infraestructuras, disminución de la producción agrícola o costos de recuperación, y también pérdidas no económicas, entre ellas el desplazamiento de poblaciones, la extinción de prácticas culturales, la reducción de la biodiversidad y la vulneración de derechos territoriales.

Cómo se distingue de mitigación y adaptación

  • Mitigación: acciones orientadas a disminuir la liberación de gases de efecto invernadero y contener el aumento de la temperatura global.
  • Adaptación: iniciativas destinadas a minimizar la exposición al riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta frente a efectos previstos, como la construcción de diques, el desarrollo de cultivos más resistentes y la implementación de sistemas de alerta temprana.
  • Pérdidas y daños: consecuencias residuales que persisten a pesar de los esfuerzos de mitigación y adaptación, así como afectaciones súbitas o irreversibles que no pueden compensarse por completo.

Tipos de pérdidas y daños

  • Eventos súbitos: huracanes, inundaciones, incendios forestales, tornados. Ejemplo: ciclones que destruyen infraestructura en horas.
  • Procesos lentos: elevación del nivel del mar, erosión costera, salinización, sequía prolongada, pérdida progresiva de productividad agrícola.
  • Pérdidas económicas: coste directo de daños en viviendas, carreteras, producción agrícola, turismo.
  • Pérdidas no económicas: desplazamiento forzado, pérdida de patrimonio cultural, extinción de especies, trauma social.

Situaciones y cifras que evidencian la problemática

  • Inundaciones en Pakistán (2010): alcanzaron a millones de personas y generaron pérdidas significativas en viviendas y cultivos; informes internacionales señalaron vastos grupos desplazados y daños valorados en miles de millones de dólares.
  • Ciclón Idai (2019): en Mozambique, Zimbabue y Malawi dejó un alto número de fallecidos, arrasó infraestructura esencial y produjo impactos económicos estimados en miles de millones de dólares, además de un prolongado desafío humanitario.
  • Huracán María en Puerto Rico (2017): ocasionó la caída de servicios fundamentales y daños calculados en decenas de miles de millones de dólares según diversas evaluaciones; evidenció cómo los fenómenos extremos pueden originar crisis de salud pública y desplazamientos internos.
  • Islas bajas y desplazamiento: comunidades en islas del Pacífico y del Índico (como comunidades de Kiribati o Carteret) experimentan erosión y reducción de tierra habitable, lo que obliga a planificar reubicaciones tanto nacionales como transnacionales.
  • Sequías y agricultura: en áreas del Corredor Seco centroamericano y el Sahel, sequías continuas y plagas ligadas al clima reducen los ingresos agrícolas, intensifican la inseguridad alimentaria y estimulan movimientos migratorios.

Marco internacional y política

  • Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): el debate sobre pérdidas y daños ha estado presente durante años en las negociaciones; en 2013 se estableció el Mecanismo de Varsovia para las Pérdidas y los Daños con el fin de articular estudios y asistencia técnica.
  • Hito en la COP27: en 2022 los países decidieron crear un fondo dedicado a enfrentar pérdidas y daños, destinado sobre todo a respaldar a las naciones en desarrollo que padecen impactos desmedidos. Su implementación requiere fijar la estructura de gobernanza, las fuentes de recursos y los requisitos de acceso.
  • Tensión política: persiste la disputa entre países desarrollados y en desarrollo respecto a si este apoyo debe interpretarse como reparación, compensación o un acto de solidaridad; algunos temen asumir responsabilidades legales mientras otros reclaman justicia climática.

Evaluación, atribución y apreciación de valor

  • Ciencia de atribución: facilita evaluar en qué medida el cambio climático provocado por actividades humanas influyó en la frecuencia o magnitud de un fenómeno extremo, respaldando decisiones de financiamiento aun cuando no siempre ofrece conclusiones definitivas para cada situación.
  • Valoración económica: calcular daños directos resulta relativamente sencillo (infraestructura, producción), pero estimar pérdidas no económicas —como identidad, prácticas culturales o biodiversidad— implica mayores dificultades y suele quedar corto al traducirse a valores monetarios.
  • Brechas de datos: los países con capacidad estadística limitada enfrentan obstáculos para medir impactos y sustentar solicitudes de asistencia, lo que profundiza las desigualdades en el acceso a recursos.

Mecanismos de reacción y financiación

  • Prevención y reducción del riesgo: impulso a obras de infraestructura resistente, ordenamiento del territorio y recuperación de ecosistemas.
  • Mecanismos de seguro: seguros nacionales y fondos regionales contra desastres (por ejemplo, instrumentos operativos en el Caribe y el Pacífico) que facilitan desembolsos ágiles después de fenómenos extremos.
  • Financiamiento internacional: aportes no reembolsables, créditos en condiciones favorables, ajustes de deuda y el reciente fondo de pérdidas y daños establecido en negociaciones globales.
  • Medidas innovadoras: alternativas como gravámenes al carbono, tarifas aplicadas al transporte internacional, reasignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) o aportes voluntarios; cada vía despierta discusiones sobre justicia y efectividad.

Retos prácticos y éticos

  • Equidad: aunque muchos países han contribuido mínimamente al calentamiento, suelen padecer sus impactos más severos; por ello existe una clara base ética para promover transferencias financieras del Norte global al Sur global.
  • Responsabilidad vs. solidaridad: la solicitud de compensar daños acumulados históricamente choca con la resistencia de algunos Estados a aceptar compromisos jurídicos y financieros.
  • Implementación operativa: se debe definir con precisión quién podrá acceder al fondo, cómo se fijarán las prioridades, de qué forma se garantizará la transparencia y de qué manera asegurar que los recursos lleguen de manera efectiva a las comunidades afectadas.
  • Pérdidas no asegurables: ciertos daños, como la desaparición de territorios insulares o la pérdida de identidad cultural, no pueden remediarse solo con recursos económicos; requieren soluciones políticas más amplias, entre ellas la migración planificada y la protección de derechos.

Buenas prácticas y propuestas

  • Combinar enfoques: articular prevención, preparación, seguros y financiamiento sostenible para afrontar pérdidas económicas y respaldar inversiones que refuercen la resiliencia.
  • Empoderar comunidades: incorporar a pueblos indígenas y comunidades locales en la definición y ejecución de medidas que aseguren adecuación cultural y resultados efectivos.
  • Transparencia y gobernanza: establecer mecanismos claros de control y rendición de cuentas que faciliten el seguimiento del uso de los recursos.
  • Soluciones regionales: promover la cooperación en fondos y esquemas de cobertura de alcance regional (incluidos acuerdos de reasentamiento entre estados insulares y países anfitriones) para administrar desplazamientos planificados.

Los debates sobre pérdidas y daños reflejan un punto crítico: el cambio climático ya provoca consecuencias que muchas comunidades no pueden revertir por sí solas. Abordarlo exige mezclar ciencia de atribución, políticas financieras justas, medidas de reducción del riesgo y un enfoque centrado en derechos humanos para diseñar respuestas que sean efectivas y legítimas para quienes más sufren.