Bruselas quiere recompensar de inmediato los “esfuerzos decisivos” del Gobierno de Donald Tusk para volver a la senda del cumplimiento del Estado de derecho del que se desvió el anterior ejecutivo ultraconservador polaco y que llevó a la UE a abrirle un duro expediente sancionador y bloquear multitudinarios fondos durante los últimos años. Según ha adelantado en Varsovia este viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el Ejecutivo europeo propondrá la semana que viene que se empiecen a liberar partidas para Polonia que, ha afirmado, llegarán a los 137.000 millones de euros asignados al país.

“Basadas en las reformas que ya han emprendido y la cantidad de pasos inmediatos dados en materia de independencia judicial, tengo buenas noticias”, ha dicho Von der Leyen en rueda de prensa con Tusk y el primer ministro belga, Alexander De Croo, justo antes de anunciar que el Colegio de Comisarios propondrá desbloquear durante su cita de la semana que viene los fondos de cohesión y de recuperación para Polonia.

A solo tres meses de unas elecciones europeas en las que las proyecciones alertan de un avance fuerte de la extrema derecha, la jefa del Ejecutivo europeo se ha declarado “impresionada” por los esfuerzos para “restaurar el Estado de derecho como columna vertebral de la sociedad” realizados por el Gobierno de coalición que lidera Tusk tras los comicios polacos de octubre del año pasado, que provocaron el fin del mandato del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco), en el poder desde 2015.

Von der Leyen ha hablado de una cifra global, 137.000 millones de euros, que es en realidad una suma redondeada de los fondos de cohesión asignados a Polonia para el periodo 2021-27 (76.500 millones) y los de recuperación (casi 60.000 millones más), bloqueados por persistentes ataques a la independencia judicial por parte del anterior gobierno polaco. Pero la portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión, Veerle Nuyts, ha precisado desde Bruselas que el primer pago del fondo de recuperación a Polonia consistiría en 6.300 millones de euros, siempre y cuando se constate que Varsovia ha realizado reformas importantes. Además, antes de liberar cualquier partida, la decisión de la Comisión deberá recibir el visto bueno de los Estados miembros.

Un exultante Tusk, de la misma familia política conservadora que Von der Leyen (el Partido Popular Europeo, PPE), ha saludado la decisión que, ha afirmado, abre un “nuevo capítulo” en las relaciones entre Varsovia y Bruselas. “Es también una señal importante que espero sea bien entendida en todas partes de Europa y del mundo”, ha añadido Tusk para advertir sobre la importancia de respetar el Estado de derecho. Extremo que ha corroborado Von der Leyen: “Un Estado de derecho fuerte significa una sociedad más resilente. Y esto es más necesario que nunca, cuando [el presidente ruso, Vladímir] Putin y sus amigos están haciendo todo lo que pueden para envenenar los debates públicos en toda Europa (…) Juntos vamos a proteger el Estado de derecho en toda Europa”, ha afirmado la alemana, que esta misma semana ha confirmado que aspira a un nuevo mandato en Bruselas.

La posibilidad de un desbloqueo de los fondos para Polonia era algo esperado desde que, esta misma semana, el Ejecutivo comunitario recibiera con los brazos abiertos el plan de reformas presentado ante el Consejo de la UE por parte del nuevo Gobierno polaco para devolver la independencia a jueces y magistrados tras las agresiones al sistema judicial realizadas por el anterior Ejecutivo del ultraconservador Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco). Tras conocer los detalles de programa del Ejecutivo de Tusk, la vicepresidenta de la Comisión responsable de Valores y Transparencia, Vera Jourova, lo calificó ya de un “plan realista que debería restaurar la independencia del poder judicial”. Y consideró además que es “un paso en la dirección que podría llevar al cierre del artículo 7″. Dicho artículo, popularmente conocido en Bruselas como el botón nuclear, es el máximo procedimiento sancionador de los tratados comunitarios que puede llevar a la suspensión del derecho de voto del país castigado en el Consejo de la UE. Polonia se convirtió, en 2017, en el primer país al que se le abrió este proceso sancionador que, desde entonces, también se le ha aplicado a Hungría, aunque a ninguno de los dos países se les ha llegado a suspender el derecho de voto.

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